Por: Douglas Velasquez
Según el Banco Mundial las nuevas transformaciones digitales pueden ser un canal para acercar a la ciudadanía a una justicia pronta, eficaz y transparente, basado sus fallos en el precedente judicial, definido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. Con inteligencia artificial este asunto está resuelto.
Desde 2016 en la Columbia Británica canadiense tiene un tribunal civil completamente en línea. El sistema, dicta fallos, evita conflictos innecesarios y gestiona el proceso judicial. Ha procesado más de catorce mil causas con una efectividad del 85% y en un tiempo record de 60 días en comparación con los 16 meses promedio que le toma a una corte ordinaria resolver un conflicto.En Colombia cada procedimiento tiene una duración máxima establecido en la por la ley, pero el nivel de ingreso de procesos, la posibilidad de personal para la evacuación y en algunos casos la desidia de algunos jueces y apoderados contribuyen al retraso. La demanda de justicia para el año 2020 alcanzó aproximadamente la cifra de 1.900.000 procesos. La Corte Constitucional recibió cerca de 500 mil tutelas. La Corte reveló que en derecho de petición se estudiaron 217.025 casos. En la práctica profesional podemos encontrar acciones populares con más de 18 años de duración; tutelas que tienen más de 2 años para obtener sentencia que amparen derechos fundamentales (seleccionadas por la Corte); demandas en contra del estado o civiles que pueden llevar 8 o más años para proferir sentencia.
Abonamos la expedición del Decreto 806 de 2020 que tomó algunas medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia en época del COVID-19. Esta norma permitió utilizar la tecnología para combatir la mora judicial y la duración de los procesos, aunque no faltan funcionarios y abogados marrulleros listos a aplicar sus tácticas corruptas. Con la a Ley 2213 de 2022 se estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 y abrió el camino para la digitalización con el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales. Se deben también aprovechar los avances del Consejo Superior de la Judicatura que inició en 2020 el Plan de Digitalización de Expedientes de la Rama Judicial que ha permitido el acercamiento virtual entre el juez y las partes y disminuyeron las consultas presenciales; el Soporte del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ), una arquitectura tecnológica que integra los trámites judiciales de los despachos y las Altas Cortes y la renovación gradual de equipos de escritorio y portátiles. Pero no es suficiente.
Ante semejante diagnóstico de la justicia en Colombia, el presidente @gustavo Petro tiene el reto de desplegar una política pública social de justicia digital para lograr la igualdad y la equidad todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Sin duda un reto gigante pero posible.